Gran alianza contra el gas en el Estado español

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Nace la red Gas no es Solución, una amplia coalición de colectivos y organizaciones del Estado español que muestran su rechazo al desarrollo de este combustible fósil.

Colectivos ciudadanos que luchan contra el desarrollo de infraestructuras de gas en el terreno, organizaciones ecologistas, formaciones políticas y personas de la academia firman el documento constituyente de la red Gas no es Solución, una alianza informal de actores que se oponen al desarrollo del gas en el modelo energético desde distintos aspectos, que incluyen la lucha contra el cambio climático, la promoción de las energías renovables, la denuncia de la financiarización y la deuda en el sector energético, el transporte sostenible, la democratización de la energía o la defensa del territorio. La red se ha presentado al público con un vídeo que muestra la diversidad de sus componentes y argumentos.

La red Gas no es Solución advierte contra la fuerte campaña de promoción del gas que en los últimos tiempos se observa desde distintas instancias económicas y políticas. El gas es un combustible fósil y como tal debe abandonarse para poder cumplir con los objetivos de París. Es parte del problema y no de la solución. La combustión de hidrocarburos es la principal causa del cambio climático global, por lo que es preciso que estos recursos contaminantes permanezcan bajo tierra. Sin embargo, desde la Unión Europea la ha otorgado en los últimos años un papel fundamental a este combustible colocándolo en el centro del futuro energético, promocionando un importante número de proyectos de interconexión gasistas como gasoductos y terminales de regasificación. Las empresas de transporte y distribución como Enagás o Gas Natural Fenosa, y otras empresas en el sector de la movilidad, como Seat y Repsol están haciendo una campaña de lavado de imagen del gas presentándolo como un combustible limpio y no contaminante.

La red nace para hacer frente a este discurso y visibilizar los impactos y amenazas que el gas representa. Proyectos como el almacén de gas de Doñana, las nuevas regasificadoras en Canarias y Huelva, la distribución de aire propanado en Gran Canaria, el gasoducto MidCat en Cataluña, las aún latentes amenazas de la fractura hidráulica (fracking) en distintos puntos del territorio, la herencia que han dejado proyectos como el de Reganosa en Ferrol, la fallida planta de El Musel en Gijón o el almacén Castor frente a las costas de Castellón y su deuda ilegítima costeada por la ciudadanía, son algunas de las luchas que se ven representadas en esta red.

El desarrollo de infraestructuras de gas en los últimos años ha sobredimensionado el sector energético y ha generado endeudamiento sin responder a una necesidad real de la población. También ha encarecido las facturas y ha acentuado la pobreza energética. Este desarrollo ha respondido a intereses de empresas privadas y no al interés público. En tiempos más recientes se ha asistido a un escandaloso impulso del gas en el transporte, promoviendo la sustitución de un combustible fósil por otro. Por si fuera poco, ha generado conflictos geopolíticos entre países y dentro de los propios países productores, debidos principalmente a disputas territoriales y de precios. La red Gas no es Solución nace para denunciar esta deriva y enfrentarla a partir de ahora.

Gas no es Solución actúa como un paraguas de lucha contra el gas y está abierta a nuevas adhesiones. La red estará vigilante frente al papel que tanto el nuevo gobierno de Pedro Sánchez como el resto de administraciones otorguen al gas en sus planes presentes y futuros, y denunciará cualquier intento de colocar este combustible fósil como una pieza clave de la transición energética.

La red Gas no es Solución apuesta por una transición energética renovable, transparente, democrática y ecofeminista.

Los colectivos que integran a día de hoy esta red son: 350 Bcn, Aliança contra la Pobresa Energètica, Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, No Més Gas,Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, SEO/BirdLife, Transport & Environment, WWF España, Xarxa per la Sobirania Energètica.


MANIFIESTO:

La ciudadanía ante el creciente papel del gas en el modelo energético en el Estado español y en la Unión Europea

El gas natural está cobrando un papel cada vez más relevante en el panorama energético tanto español como europeo. Los colectivos abajo firmantes observamos con preocupación el impulso político que está recibiendo este combustible fósil sin evaluaciones objetivas e independientes sobre sus riesgos y sin que haya habido un debate público suficiente. Este apoyo institucional se traduce en la promoción de nuevas grandes infraestructuras gasistas tanto en el Estado español como en toda la Unión Europea. Los proyectos incluyen grandes gasoductos, terminales de Gas Natural Licuado (GNL), almacenes de gas, redes de distribución… Muchas de estas infraestructuras se benefician de trámites abreviados de aprobación y de financiación pública europea, o sus costes se transfieren a las facturas del gas.

La promoción institucional del gas se realiza bajo la premisa de que se trata de una fuente energética que contribuirá a la descarbonización de la economía, al interés común y a la seguridad energética. Sin embargo, a pesar de que la narrativa oficial pretende presentarlo como un combustible limpio, el gas natural es un combustible fósil. La huella climática del gas es muy importante, especialmente si se consideran las fugas de metano que se producen a lo largo de toda la cadena de suministro. Las infraestructuras que se proyectan tienen una vida media de varias décadas, lo que convierte la apuesta por este combustible en algo incompatible con los objetivos climáticos europeos, que exigen unos tiempos de reacción mucho más inmediatos.
Cuestionamos también la idea de que estos desarrollos gasistas estén al servicio del bien común. Son a menudo los grandes fondos de inversión y las empresas del oligopolio gasista las que están interesadas en el desarrollo de estas infraestructuras. Estas empresas son juez y parte en la planificación gasista y en la estimación de la demanda, que se realiza habitualmente por encima de las necesidades reales.

El Estado español juega un importante papel geopolítico en la apuesta europea por el gas, al tener la mayor capacidad de regasificación de toda Europa y por la cercanía geográfica con el norte de África. El muy bajo uso de la capacidad de estas infraestructuras está provocando la justificación de nuevos gasoductos para dar salida a todo el gas que el país potencialmente puede importar, e igualmente está incentivando la búsqueda de nuevos usos para el gas (como el transporte), al tiempo que ha generado un déficit creciente de tarifa, que ha sido asumido por los consumidores finales, lo que está contribuyendo a la pobreza energética. Perpetuar la dependencia del suministro de gas tiene unas consideraciones éticas que no se deben soslayar si tenemos en cuenta la violación de los derechos humanos en algunos de los países exportadores de ese gas.

El gas debe jugar un papel secundario y decreciente en la transición energética hacia un 100 % renovable; no puede convertirse en el pilar central de la misma. Una apuesta decidida por el gas como la que observamos sólo puede desviar el foco, los esfuerzos políticos y los recursos de un claro compromiso por las energías renovables sin ambages.

Las grandes empresas y lobbies que promocionan el modelo gasístico son contrarias a una transición energética democrática y participada activamente por la ciudadanía. Las propuestas de la transición deben dar respuesta a las necesidades de las poblaciones locales y al mismo tiempo preservar el patrimonio y los recursos naturales, eliminando los impactos negativos que padecen los territorios de extracción, transporte y consumo de gas. Ejemplos como el almacén Castor o Doñana, el gasoducto MidCat, las centrales de ciclo combinado, las plantas de regasificación del Musel (Gijón) y Mugardos (Ría de Ferrol) o las proyectadas como la de Granadilla (Tenerife), y la gran proliferación de permisos de investigación de shale gas o gas de lutita, obtenido mediante la técnica de la fractura hidráulica fracking, constituyen una fuente de conflictos ambientales y sociales que perjudican a las economías locales. Además, la ejecución de infraestructuras gasísticas reproduce y profundiza un modelo de empleo de baja calidad que ya existe en otros sectores, y vincula a las comarcas, en especial a las zonas rurales, a un modelo caduco de empleabilidad basado en la especulación y en la temporalidad. Al mismo tiempo, hipoteca los suelos por muchos años y en no pocas ocasiones pone en riesgo sectores como la agricultura o la ganadería, entre otros.

Ante esta situación, las organizaciones que suscribimos este manifiesto, exigimos:

  • - Que se lleve a cabo un análisis riguroso del papel temporal/residual del gas en la transición energética evaluando su contribución real al Cambio Climático en toda la cadena de suministro, y que dicho análisis contenga un calendario concreto para su abandono, sin perjuicio del abandono urgente del carbón y de la energía nuclear.
    - Que no se destinen más recursos públicos a la promoción del modelo gasista y que se evalúe la necesidad presente y futura de nuevas infraestructuras de gas, que acaban por sobredimensionar el sector energético, generan endeudamiento público, encarecen las facturas y acentúan la pobreza energética.
    - Que se tome en especial consideración la opinión de la población directamente afectada por las infraestructuras gasísticas, por los riesgos que estas implican y porque ponen a las poblaciones al servicio de las economías de escala que poco o nada tienen que ver con las realidades locales.
    - Que se ponga freno al impulso del gas en el sector del transporte. La búsqueda de soluciones a la contaminación atmosférica no puede justificar la sustitución de un combustible fósil por otro. Las medidas deben ir encaminadas a modos de transporte sostenibles, que fomenten los desplazamientos activos, el uso de la bicicleta, el vehículo colectivo y eléctrico, el ferrocarril y su electrificación, reduciendo progresivamente el uso del vehículo privado.
    - Que la imprescindible transición energética se lleve a cabo de forma transparente y democrática. Se deben suprimir las barreras y penalizaciones actuales a las energías limpias, priorizando la reducción del consumo energético y promoviendo una cultura energética que permita a la ciudadanía empoderarse y contribuir a la construcción de un nuevo modelo energético limpio, abriendo un debate público donde la ciudadanía debe jugar un papel preferente.
    - Que se faciliten canales de financiación pública que apoyen la generación eléctrica distribuida y que incentiven la producción energética local, basada en fuentes renovables, en el sector doméstico e industrial. Al mismo tiempo, desde el sector público debe promoverse la desinversión fósil, retirando todos los activos económicos de proyectos de combustibles fósiles, incluyendo el gas.
    - Que se informe a los propietarios de activos sobre los riesgos económicos y de reputación que implica para sus carteras de inversión el seguir financiando proyectos que no se alinean realmente con el Acuerdo de París y sobre los beneficios que conlleva la reasignación de capital hacia el sector de las energías limpias, considerando los escenarios y tendencias tecnológicas.
    - Que el sector energético asuma el ecofeminismo como elemento esencial del nuevo modelo energético y la transición energética se lleve a cabo teniendo en cuenta la participación activa y el protagonismo de las mujeres.

Red ‘Gas no es solución’, junio 2018: 350Bcn, Aliança contra la pobresa energètica, Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, IIDMA, No Més Gas, Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, Sí se puede, Seo/BirdLife, Transport and Environment, WWF España, Xarxa per la Sobirania Energètica.