La Vinca Ecologistas en Acción

Las dos jóvenes de origen vietnamita han sido deportadas a pesar de la sugerencia del Defensor del Pueblo y de que tanto CEAR como APRAMP detectaron que existían claros indicios de ser víctimas de trata. CEAR elevará una queja ante el Defensor del Pueblo por no haberse aplicado correctamente el protocolo existente y recuerda que la devolución de una víctima de trata supone volver a ponerlas en manos de sus tratantes.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que la devolución realizada el pasado miércoles de las dos jóvenes de origen vietnamita desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas supone “un clamoroso paso atrás en la lucha contra la trata en nuestro país”, al no haberse cumplido correctamente los pasos previstos en el protocolo para la protección de víctimas de este tipo de delitos.

“Todas las medidas, las declaraciones de buenas intenciones y el protocolo diseñado por la administración se han quedado en papel mojado. Si ante casos como éste el protocolo previsto no se activa correctamente se pone en evidencia que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional prima la ejecución de la devolución sobre la protección de las víctimas de un delito tan inhumano como la trata de personas”, lamentó Estrella Galán, directora de CEAR.

Las dos jóvenes, que llegaron a España el día de 12 de octubre, solicitaron asilo cinco días después con asistencia jurídica de CEAR, y desde entonces permanecieron retenidas 18 días en las instalaciones del aeropuerto. Ambas solicitudes fueron denegadas, así como los recursos que presentó el servicio jurídico de esta entidad ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que se detuviera su devolución, sin que en ese largo periodo se activara con agilidad el protocolo establecido para la detección de víctimas de trata.

A raíz de la queja presentada por CEAR, el propio Defensor del Pueblo recomendó que se paralizasen ambas devoluciones al entender que existían “razones excepcionales de índole humanitaria, interés público, o cumplimientos adquiridos por España”. Con ello se logró que ‘in extremis’, ocho horas antes de que estuviera prevista la devolución, la unidad especializada de Policía Nacional (UCRIF) realizara la entrevista para su posible identificación formal como víctimas de trata de seres humanos y elevara su informe a la Delegación de Gobierno de Madrid, que según la Ley de Extranjería (articulo 59.bis) debería haber emitido una resolución positiva o negativa al respecto.

CEAR quiere mostrar su “amarga sorpresa y decepción” ante el hecho de que la devolución se produjera sin que la Delegación de Gobierno de Madrid dictará ninguna resolución, al considerar la Policía Nacional que no había indicios de trata, sin tener en cuenta el dictamen de la entidad especializada APRAMP tal y como se recoge en el protocolo.

Para CEAR esto ha provocado “la indefensión de estas posibles víctimas de trata de personas, que no pudieron recurrir la falta de protección como víctimas”. Por todo ello, la organización anuncia que elevará próximamente una nueva queja ante el Defensor del Pueblo con la firme intención de evitar que esta situación vuelva a repetirse, ya que esta actuación ha dejado dos vidas en peligro y pone en evidencia las fallas del procedimiento de identificación de víctimas de trata y de la aplicación del protocolo en nuestras fronteras.

La entidad recuerda que la devolución de una víctima de trata supone ponerlas en las manos de sus tratantes, por lo que podrían volver a ser explotadas sexual y laboralmente, una situación calificada por muchos expertos como la nueva esclavitud del siglo XXI.

DOCUMENTO DE SUGERENCIA DEFENSOR DEL PUEBLO: