Ben Magec califica el proyecto de cantera de La Caldereta como “tomadura de pelo”

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- La explotación minera estaría en plena Red Natura 2000 y afecta al Bien de Interés Cultural del Barranco de Tinojay

- Requieren a la Dirección General de Industria para que reconozca la caducidad de los derechos mineros

Ben Magec–Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones frente al proyecto de autorización de una cantera de basalto en las proximidades de La Caldereta, en el término municipal de La Oliva (Fuerteventura), promovida por Áridos Maxorata. En las alegaciones, se denuncia como la documentación presentada por la empresa pretendía obviar que la explotación se realizaría sobre la zona arqueológica del Barranco de Tinojay, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) y minimiza el hecho de que se encuentre dentro de la ZEPA (Red Natura 2000) “Vallebrón y valles de Fimapaire y Fenimoy”.

Se trata de una polémica cantera que ya se había paralizado en 2001 por no contar en aquel entonces de la preceptiva declaración ambiental, dando lugar a una extensa batalla judicial que culminó en 2011 cuando el Tribunal Supremo confirmó la necesidad del trámite ambiental. A pesar del tiempo transcurrido desde aquella sentencia, la empresa promotora dejó la zona en estado de completo abandono, hasta ahora.

Desde Ben Magec EeA se relaciona el intento oportunista de reactivación de la explotación con algunos proyectos de infraestructuras previstos en la isla, pero que chocan con la caducidad de hecho de los permisos mineros y con el actual régimen de protección del territorio, en plena Red Natura 2000 y zona de protección de un Bien Interés Cultural tan importante como el Barranco de Tinojay.

Las alegaciones de la Federación Ecologista Canaria en apoyo de la oposición vecinal han puesto además en evidencia la absoluta falta de rigor de los proyectos técnicos presentados: meros corta y pega de otros proyectos anteriores y que contienen innumerables errores y falsedades. Por eso, pedirán no sólo a las administraciones, sino también a los colegios profesionales implicados, que inicien procedimientos sancionadores y disciplinarios para deslindar responsabilidades.