RESCATE ENERGÉTICO YA

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- En el marco de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, Ecologistas en Acción se suma a las voces de la sociedad civil para reivindicar el derecho a un suministro energético asequible y no contaminante.

- Las organizaciones recuerdan que, en el contexto de crisis actual, la pobreza energética está aumentando significativamente.

- Ecologistas en Acción lanza la campaña ‘Por un rescate energético’, en la que solicita varios fondos de ayuda para el impulso del autoconsumo, las comunidades energéticas y la rehabilitación de viviendas centrado en las personas más vulnerables.

En la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, Ecologistas en Acción y los coelctivos que en ella estamos confederados, nos sumamos a las organizaciones que hacen un llamamiento al gobierno para poner fin a la vulneración del derecho al suministro de energía. En una semana de actos y reivindicaciones, distintos colectivos y activistas llevarán a cabo una acción directa conectando electrodomésticos de uso cotidiano a la red de algún lugar público. El objetivo es visibilizar lo que muchas personas viven en la soledad de sus hogares.

La ‘Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética’ elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cifra entre 3,5 y 8,1 millones de personas las que se encuentran en situación de pobreza energética, en función del indicador utilizado, con datos de 2017. La actualización de los indicadores, con datos de 2021, muestra que el porcentaje de población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno se ha incrementado del 10,9% (2020) al 14,3% (2021) en tan solo un año. El indicador de retrasos en el pago de facturas ha aumentado más de dos puntos, de 7,2% (2018) hasta 9,5% (2021).

Es urgente dejar de señalar a la población que sufre pobreza energética como culpables de su situación. Son las personas afectadas las que han puesto en el centro del debate esta cuestión y han señalado a las empresas que vulneran derechos bajo una lógica de lucro privado. Para no dejar a nadie atrás es necesario considerar la energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida digna. Se siguen sucediendo vulneraciones flagrantes del derecho a la energía. La Cañada Real lleva más de dos años sin luz. Hay personas que necesitan un suministro básico para la vida. En lugar de acceder a este suministro por derecho, dependen de que una empresa privada, propietaria en “monopolio natural” de la red de distribución, les facilite el acceso.

En 2022 Ecologistas en Acción publicó dos informes sobre cómo lograr una tarifa social tanto en los suministros eléctricos como en los suministros térmicos. Así, la organización ecologista se suma a la demanda de avanzar hacia una tarifa social realmente garantista de respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social eléctrico y bono térmico, que deja fuera de su protección a la mayoría de sus potenciales beneficiarios.

En la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética Ecologistas en Acción lanza su campaña ‘Por un rescate energético’. En ella exige una apuesta clara por el desarrollo del autoconsumo y las comunidades energéticas renovables, así como el impulso de medidas de actuación urgentes para la rehabilitación de los hogares de las personas más vulnerables. Además, la organización ecologista presenta una propuesta basada en líneas de crédito a bajo interés para todas las personas y subvenciones a fondo perdido para las más empobrecidas. Estas medidas estarían dotadas con 26.000 millones de euros para el autoconsumo y las comunidades energéticas, 25.000 millones de euros para entidades públicas locales de generación de energía y 40.000 millones de euros para la rehabilitación de viviendas de las poblaciones vulnerables

Si la banca y las eléctricas que en 2022 han vuelto a tener beneficios históricos gracias, en gran parte, al empobrecimiento general de la población, han sido objeto de varios rescates, ayudas y legislaciones favorecedoras para sus intereses, es hora de apoyar a las poblaciones empobrecidas. En la crisis financiera hubo un rescate financiero de 60.000 millones de euros que supuso, en la práctica, una transferencia de dinero público a fondo perdido a la banca. A ello se suman las transferencias de riqueza de la población a las grandes compañías del sector, como los más de 26.000 millones de beneficios caídos del cielo, solo de 2008 a 2013, o los más de 10.000 millones de beneficios entre enero y septiembre de 2022 de las grandes empresas energéticas.

A juicio de Ecologistas en Acción, debería existir capacidad económica suficiente para afrontar estas medidas, pero no es el único factor, ya que se deben abordar las medidas de forma integral, capaz de llegar a toda la población, y en particular a las personas más vulnerables. De hecho, los 5.300 millones de euros dedicados a la rehabilitación energética previstos en los fondos Next Generation son profundamente insuficientes, y además requieren que las personas dispongan de capacidad para poder acceder a estos fondos, lo que excluye a las que están siendo más desfavorecidas. Un diseño erróneo de las políticas que podría explicar que las inversiones reales en rehabilitación solo hayan alcanzado los 840 millones de euros (un 16% respecto a las previsiones del gobierno y solo un 3% respecto a los totales previstos para la transición ecológica).

Es un momento clave y propicio para que la ciudadanía recupere el control de la energía. Solo se necesita la inversión para poner en marcha las iniciativas. Un apoyo económico que, en el caso del fomento a la generación eléctrica descentralizada, podría ser en su mayoría retornable, a diferencia de lo que ha sucedido con el rescate bancario. Producir energía con renovables es hoy mucho más barato que con fósiles, lo que permite importantes ahorros. Una apuesta por el autoconsumo renovable ayudaría a disminuir drásticamente el uso de gas y nucleares, al mismo tiempo que reducir el precio de la luz y disminuir el poder del oligopolio eléctrico.

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