Las vacías declaraciones de emergencia climática realizadas por las instituciones

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Hay que denunciar que las declaraciones de Emergencia Climática realizadas por la Asamblea de Extremadura y diversos Ayuntamientos de la región son palabra vacías ya que no van acompañadas de medidas contundentes y coherentes con la situación ambiental.

La palabra “emergencia” no debe tomarse a la ligera, si una institución declara el estado de emergencia ha de ser coherente con esta declaración, si dicha declaración no va acompañada de medidas contundentes es como si se declara un incendio en un edificio y no se hace nada para extinguirlo, o no se procede a evacuar y proteger a las personas que se encuentran amenazadas por las llamas.
Nuestra situación es la de un edificio que está en llamas sin planes de extinción o evacuación, especialmente la región de Extremadura, que ya está siendo afectada por el cambio climático y es una de las regiones más vulnerables del continente.

Admitiendo que éste es un problema internacional y que la COP 25 celebrada en Madrid ha sido una farsa, al igual que las veinticuatro cumbres que la han precedido, cada región ha de asumir sus propias responsabilidades, mitigar en la medida de lo posible los efectos del cambio climático reduciendo sus emisiones y adaptarse a sus consecuencias.

A escala regional, mitigar las emisiones supone transformar profundamente el presente modelo económico y de transporte. Dicho modelo está basado en vehículos individuales impulsados por energías fósiles que emiten gases de efecto invernadero. Por tanto, la transformación supondría eliminar, en un plazo breve y razonable, la circulación de estos vehículos individuales y sustituirlo por una malla ferroviaria alimentada por energías renovables, con un tren sostenible, público y social. Estas medidas no sólo no se han empezado a planificar, sino que, en un sentido totalmente opuesto, se sigue invirtiendo en carreteras y autopistas.

A escala municipal, debería eliminarse el tráfico rodado en nuestros municipios, incrementar los carriles bici y la peatonalización, e implantar el transporte público electrificado y colectivo. Para este último, además, deberían desarrollarse empresas públicas municipales que aseguraran el autoabastecimiento de cada municipio mediante energías renovables, lo que ya se ha hecho con éxito en los ayuntamientos de ciudades como Cádiz o Barcelona.

Asimismo, debería fomentarse el autoconsumo y crear una banca pública dedicada a dar préstamos a bajo interés a las familias, de modo que éstas puedan instalar sus propias placas solares y paguen la devolución del préstamo en lugar de los recibos de la luz. Sin embargo, seguimos bajo el yugo de las empresas eléctricas, pagando una de las facturas de la luz más caras de Europa a unas compañías contaminantes como es Endesa, a la cabeza de las emisiones en este país. Además, hemos sufrido la vergonzosa situación de ver cómo Endesa, la empresa más contaminante de este país, con motivo de la celebración de la COP25, compra a todos los periódicos de la nación para figurar en primera plana como el agente transformador en la lucha contra el cambio climático.

También nuestro modelo agrícola tiene que transitar hacia un modelo 100% agroecológico, en el que la actividad agrícola y ganadera pase de ser un emisor neto de gases de efecto invernadero a constituir un sumidero de carbono. La actividad agrícola y ganadera ha de orientarse al autoabastecimiento de todos y cada uno de los municipios. Para ello, las comunidades locales han de organizarse con un alto grado de participación ciudadana en la gestión de producciones locales sostenibles. Con este modelo se evitaría el constante tránsito de vehículos y sus correspondientes emisiones, pues el comercio con los excedentes agrícolas debería reducirse, las exportaciones minimizarse y toda mercancía debería ser transportada mediante la red ferroviaria.

Sin embargo, el modelo agrícola presente solo sirve para que se enriquezcan las grandes superficies y distribuidoras, cobrando hasta el 600% del precio del producto en origen. Junto a ellas, también se lucran los bancos que prestan el dinero a los agricultores para que puedan realizar las cuantiosas inversiones a las que se ven obligados, o las multinacionales que les suministran los productos fitosanitarios.

Pero estamos lejos de este modelo agrícola sostenible. Los comedores escolares y las cantinas de los hospitales se abastecen con productos elaborados, en muchos casos, en otras comunidades autónomas por multinacionales extranjeras, gracias a pliegos de condiciones que se lo permiten. En cambio, si se estableciera un plan de producción sostenible para cada municipio, en el que el 100% de la compra pública se produjera en un radio máximo de 15 kilómetros y que toda ella fuera de origen 100% ecológico, tanto la producción como la elaboración la podrían realizar pequeños y pequeñas productoras, lo que tendría un impacto social positivo en cada una de las zonas.

Como medida de adaptación, hay que poner fin a la expansión de los regadíos, ya que el agua va a ser uno de los bienes más escasos, de forma recurrente, en las próximas décadas. Sin embargo, ciertos Ayuntamientos que han declarado la emergencia climática, apoyan los nuevos planes de regadío.

Por otro lado, la gestión de los montes y espacios naturales es fundamental para la absorción del exceso de carbono que hay en la atmósfera.

Poner en marcha todas estas medidas que proponemos implica una importante inversión pública. Para ello, los bancos tendrían que devolver a la ciudadanía los 65.000 millones de € que nos deben; las grandes empresas contaminantes no deberían de recibir ningún tipo de subvención y tendrían que ser sometidas a una fuerte fiscalidad, aplicable también a las rentas más altas; debería imponerse una intensa lucha contra el fraude fiscal y la ingeniería fiscal; a nivel internacional, deberían desaparecer los paraísos fiscales y un largo etcétera de medidas que propiciarían que esta sociedad pudiera abordar con solvencia la presente situación de Emergencia Climática.

Somos conscientes de que poner en marcha todas las medidas que proponemos supone acercarse a un nuevo modelo económico y social, que es sostenible. El presente es injusto, insostenible y abocado a una situación catastrófica que van a sufrir las personas más desfavorecidas, como ya está ocurriendo en extensas regiones de África, Asia y América.

También somos conscientes de que las presentes instituciones no van a hacer nada para cambiar el status quo de las empresas que financian a la mayoría de los partidos políticos representados en ellas, que tampoco van a luchar para cambiar hacia un modelo económico acorde a la realidad física, según la cual no puede producirse un crecimiento económico perpetuo con una energía y unos recursos minerales menguantes o, como mucho, estacionarios.

Por todo esto, la única salida que le queda a esta sociedad para poder sobrevivir es la lucha a pie de calle por sus derechos y, en este caso, la lucha en el contexto de la Emergencia Climática no es otra cosa que la lucha por el derecho a existir.