La Ley de Cambio Climático y Transición Energética inicia el trámite parlamentario con objetivos insuficientes

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- En el texto que el Consejo de Ministros traslada al Congreso de los Diputados apenas existen cambios respecto a los borradores ya presentados, y la ambición del documento se sigue situando por debajo de las indicaciones de la ciencia.

- Ecologistas en Acción insta a todas las formaciones políticas a que en el desarrollo parlamentario de la ley apuesten por un incremento de la ambición en la línea con el criterio científico.

El Consejo de Ministros acaba de trasladar el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) al Congreso de los Diputados para el inicio de su tramitación parlamentaria. Una vez más Ecologistas en Acción señala la insuficiencia de la normativa presentada, tal y como ya transmitió durante las consultas realizadas, y como expresó junto al resto de las grandes organizaciones ecologistas españolas.

En el anteproyecto de ley apenas existen cambios respecto a los borradores anteriores. De hecho, la ambición del documento se sigue situando por debajo de las indicaciones científicas y apunta a una reducción del 20 % de las emisiones respecto a 1990. Pero en estos momentos de emergencia sanitaria y social se hace imprescindible avanzar en el marco de una salida a la crisis que debe de dar una doble respuesta social y ambiental.

Hace años que esta legislación tendría que haber sido aprobada. Seguir adelante con ella es un paso necesario, ya que contiene instrumentos interesantes que deberían ser reforzados, tales como: la prohibición de exploraciones fósiles, la desinversión en estos sectores, o la inclusión de la educación para la sostenibilidad en el sistema educativo.

Para la organización ecologista el texto adolece de falta de ambición y muestra la ausencia de la justicia climática. Por ejemplo, si se asumiera el pleno cumplimiento de los compromisos contemplados en la ley y establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), y la huella de carbono de una persona española se hiciera extensible a toda la población mundial, en 2030 las emisiones globales ascenderían a más de 39 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2-eq). Unas emisiones globales que se sitúan lejos de las 25 GtCO2-eq que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) establece como compatibles con limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC. Se trata, por tanto, de un horizonte que no tienen en cuenta la deuda del carbono acumulada por los países industrializados.

El resto de los objetivos presentados apenas han variado respecto a la propuesta inicial. Para alcanzar la descarbonización es necesario cumplir otra serie de pasos previos, como conseguir un sistema eléctrico 100 % renovable en 2030, o que la prohibición de la venta de vehículos a combustión fósil se sitúe en 2028. Y si bien es cierto que el texto presentado da realidad a otros planes como el PNIEC o la Estrategia de Transición Justa, sigue sin abordar con profundidad la necesidad de una mayor reducción del consumo energético y una correcta planificación de las medidas necesarias especialmente en el cambio del mercado laboral.

Según Ecologistas en Acción, resulta preocupante la ausencia de calendarios para el cierre de otros sectores incompatibles con la transición energética. También la ausencia de mecanismos para realizar una urgente planificación ordenada, coherente y con el menor impacto posible de las medidas incluidas en la ley.

Además, el texto sigue dejando en manos del mercado medidas que deberían responder a las decisiones de la ciudadanía. Por ejemplo, sigue sin mencionar la pertenencia a tratados internacionales como el Tratado de La Carta de la Energía cuyas reclamaciones ascienden a siete veces la aportación española al Fondo Verde para el Clima y que son incompatibles con la lucha climática.

Ecologistas en Acción insta a todas las formaciones políticas a que en el desarrollo parlamentario de la ley apuesten por un incremento de la ambición en la línea de lo ya expresado por la ciencia, y en consonancia con las propuestas de las organizaciones ecologistas. Esta tramitación es una oportunidad única para acelerar un cambio de escala de lo global a lo local que apueste por las cadenas de comercialización cortas y sostenibles, incentivando así numerosas economías locales y rurales.

Con estas medidas se podrá garantizar un descenso de las emisiones superior al 7,6 % anual, respetando los límites planetarios, el mejor estado de conservación de nuestros ecosistemas y la solidaridad necesaria. Se trata de construir un futuro que en estos momentos pasa por entender que la salida a las enormes consecuencias de la COVID-19 y del nuevo incremento de la precarización de importantes capas de la sociedad debe de ir de la mano con afrontar la emergencia climática, y viceversa.