Solicitan al Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) aclaraciones sobre el proceso de retirada de uralita en el antiguo garaje de guaguas de Marqués de Celada

in Blog
Visto: 541

Ecologistas en Acción de Tenerife solicita públicamente aclaraciones al Ayuntamiento lagunero sobre las obras en la cubierta del antiguo garaje de guaguas de la calle Marqués de Celada. Varios documentos fotográficos atestiguan que el extenso techado, de más de 2.000 metros cuadrados, y en la actualidad ya desmontado casi por completo, debía de ser de fibrocemento, más conocido como uralita. El amianto del que comúnmente se compone este material es uno de los cancerígenos más devastadores, reconocido como tal por la OMS que lo coloca en el escalafón más elevado de peligrosidad: por lo tanto, su tratamiento requiere por ley de medidas específicas, llevadas a cabo por empresas certificadas.

Además del compromiso general a velar por la salud de la ciudadanía que se espera de un Ayuntamiento, en este caso concreto la corporación municipal está involucrada por el convenio que le destina plazas de aparcamiento y 900 metros cuadrados de oficinas en este mismo edificio, una vez esté reformado, según se desprende por declaraciones de la Gerencia de Urbanismo a la prensa el pasado día 19 de septiembre (El Día). Asimismo, se informa por el mismo medio de que el Ayuntamiento concedió el pasado agosto tanto una licencia de demolición como una de obras, ambas relativas a este proyecto.

Cabe recordar lo acontecido en octubre de 2019 en Garachico, cuando se impusieron a la población general medidas preventivas de cara a la retirada de amianto del antiguo colegio de San Isidoro, a diferencia de lo que ha pasado en La Laguna, donde la población no ha recibido información al respecto en ningún momento.

Igualmente, es muy significativa la actuación de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife hacia los propietarios de un inmueble situado en el Pico del Inglés, obligándolos a "la oportuna tramitación de los títulos habilitantes necesarios de cara a que se eliminen y gestionen adecuadamente los residuos de planchas prefabricadas, tipo uralita, que se encuentran disgregadas por toda esta edificación en estado de abandono" (El Día, 25 de febrero de 2020).

En este caso, la Gerencia Municipal santacrucera se remitió al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y al Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, para exigir que la retirada fuera conforme a las leyes "debido al riesgo que conlleva la inhalación de estas fibras".

Conforme al dictamen del Ayuntamiento de Santa Cruz, las medidas de seguridad que se ejecuten deberán "estar dirigidas, diseñadas y supervisadas a cargo de técnicos competentes". Asimismo, una vez que se realicen los trabajos ordenados, se tendrá que presentar, en un plazo de cinco días desde que las medidas de seguridad se lleven a cabo, un certificado de idoneidad de las mismas en el que "se acredite la suficiencia, efectividad y correcta instalación de las medidas, para garantizar en todo momento la seguridad de personas y bienes".

En vista de estos antecedentes, y en consideración de la alta incidencia en Canarias de tumores directamente ocasionados por amianto (en ausencia de minas o fábricas), Ecologistas en Acción de Tenerife invita el Ayuntamiento de La Laguna a compartir con la ciudadanía la información sobre este supuesto desamiantado, detallando las medidas de seguridad que, en su caso, se deberían haber llevado a cabo; presentando, donde fuera necesario, los títulos de quienes las diseñaron y ejecutaron, así como el certificado de idoneidad que acredite su correcta realización y facturas de gastos coherentes (en el caso de Anaga, se estimó que la retirada de residuos de planchas disgregadas costaría unos 31.000 euros: en este caso, sería de esperar una cantidad proporcionalmente muy superior, que igualmente determinaría el valor de las multas).

Por último, de cara a la protección del medio ambiente además de las personas, resulta imprescindible conocer con qué modalidades se ha trasladado y puesto en seguridad la imponente cantidad de material potencialmente nocivo que se ha retirado.