La Vinca Ecologistas en Acción

Hace unos días el Ayuntamiento tinerfeño de Adeje concedió la licencia urbanística a la promotora de “Cuna del Alma”. Este macroproyecto turístico planea urbanizar una de las últimas zonas sin masificación turística de Tenerife, el Puertito de Adeje, afectando a más de 400.000 m² con la construcción de más de 3000 camas turísticas repartidas en 420 villas de lujo, hoteles y otras infraestructuras.

A pesar de los informes negativos emitidos en 2014 y 2017, la promotora inició las obras sin contar con una evaluación de impacto ambiental. En 2022, los trabajos fueron paralizados de forma cautelar debido a la amenaza inminente de daños al hábitat, la destrucción de un yacimiento arqueológico y la presencia de la viborina triste (Echium triste), una planta protegida en peligro de extinción, que fue trasplantada ilegalmente para poder seguir adelante con las obras. Esta especie, endémica de Canarias y especialmente vulnerable, está protegida por la legislación y su manipulación sin los permisos correspondientes evidencia la incapacidad de las instituciones responsables de salvaguardarla, tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias, que jugaron durante meses a pasarse la pelota de las competencias. La promotora del proyecto, Segunda Casa Adeje S.L., ha enfrentado tres expedientes sancionadores, todos archivados o caducados en la actualidad y sin ninguna consecuencia para la empresa. La Dirección General de Patrimonio Cultural en la pasada legislatura proponía una multa de 600.000 euros por la destrucción de un yacimiento arqueológico, considerada una infracción muy grave. El informe subrayaba que las obras comenzaron sin el asesoramiento arqueológico necesario y con conocimiento de la existencia de elementos patrimoniales en el área.

La defensa de este espacio natural movilizó a la ciudadanía de Tenerife, que bloqueó el avance de las máquinas encadenándose a ellas y estableciendo un campamento en el lugar durante varios meses. Las numerosas irregularidades llevaron al Gobierno de Canarias a ordenar la suspensión de las obras en el Puertito de Adeje durante la pasada legislatura. No obstante, con la llegada al poder de Coalición Canaria y el Partido Popular, el Ejecutivo regional ha ignorado la lucha ecologista e intenta por todos los medios, junto al Ayuntamiento de Adeje, que las obras sigan adelante. En menos de un año, dos expedientes han caducado y uno ha sido archivado.

El debate social y las históricas movilizaciones del pasado 20 de abril evidenciaron la necesidad de cambiar el modelo económico y social de las islas y transitar hacia otro que sea sostenible y respetuoso tanto con el territorio como con quienes lo habitan. Pese al clamor de las más de 200.000 personas que salieron a las calles para exigir una moratoria que ponga freno a la especulación descontrolada, junto a otras medidas como la ecotasa y la regulación de compra de vivienda por no residentes, las instituciones canarias siguen mirando hacia otro lado, aprobando nuevos proyectos, permitiendo la permanencia de muchos que incumplen la legalidad y fomentando la llegada masiva de turistas.

El impulso del turismo masivo, el constante aumento de la oferta turística y la aprobación de macroproyectos con el respaldo de las instituciones públicas canarias perpetúan un modelo económico y territorial insostenible tanto social como medioambientalmente. A pesar de la fragilidad y el alto valor ecológico del territorio, la urbanización descontrolada destruye espacios naturales en beneficio de empresas privadas que especulan con el suelo. La pérdida de estos espacios es uno de los impactos más graves relacionados con el turismo en las islas. La inacción de las instituciones públicas en el control de una situación que ha sobrepasado todos los límites tensiona cada vez más la vida de nuestra gente. Es urgente tomar medidas que frenen la especulación que depreda nuestro territorio y en muchos casos nos expulsa de él; moratoria que impida la construcción de nuevas camas turísticas, ecotasa que grave las pernoctaciones y limitación de la compra de casas por parte de no residentes para que nuestra gente pueda hacer uso de un derecho básico y constitucional: la vivienda.