La Vinca Ecologistas en Acción

Rubén Pérez Florez y Brian James Hrrison, Presidente y secretario general de la Plataforma Salvar La Tejita

Estimado Sr. Iceta:

Como ministro de Política Territorial y Función Pública entendemos que es usted el responsable de las negociaciones del traspaso de competencias de Costas para las Islas Canarias. También hemos copiado esta correspondencia a Teresa Ribera Rodríguez, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debido a las probables complicaciones que este traspaso de competencias le creará.

Tras anunciarse el inminente traspaso de competencias en materia de Costas desde el Gobierno central a la comunidad autónoma de Canarias, la Asociación Salvar La Tejita quiere expresar su preocupación, en base a nuestras propias experiencias.

Hasta ahora, hemos sido testigos de una absoluta desidia y dejación de funciones por parte del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife ante las innumerables infracciones e ilegalidades denunciadas en estos últimos 4 años de lucha contra el hotel de La Tejita. Los únicos mecanismos ante los cuales hemos podido conseguir algún tipo de reacción han sido ante la Dirección General de Costas de Madrid o través de los tribunales. Esta última vía, de enorme lentitud, es poco eficaz para resolver aquellas infracciones que podrían resultar en daños irreversibles para la costa. Un ejemplo muy reciente ocurrió hace pocos días.

A las 9 de la mañana del 24 de marzo de 2021 (Semana Santa), una excavadora, bajo las órdenes del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, comenzó a destruir las dunas a pocos metros de la playa. Estas dunas, además de estar protegidas por la actual Ley de Costas, representan una prueba en un proceso judicial en curso. Tras la intervención inmediata de miembros de nuestra asociación y de uno de nuestros abogados afiliados, las obras se detuvieron. Intentamos llamar a Costas durante más de 30 minutos, pero nadie respondió. Llamamos al SEPRONA, pero de los 2 agentes que dan cobertura a la isla, ninguno estaba disponible para atender la denuncia. Finalmente, llegó el responsable de la obra, y nos informó que la obra estaba cubierta por un permiso «verbal» del Servicio Provincial de Costas.

Debido a la presión de la Asociación y de la policía local que finalmente acudió, la obra se paralizó por completo y la excavadora fue retirada de la zona (este asunto fue denunciado ante los tribunales, copia como anexo.1).

Ante este nivel de incompetencia típico (permisos «verbales», nunca hay ningún responsable disponible, las administraciones públicas actúan sin los permisos necesarios, etc.) al que por desgracia estamos acostumbrados en estas islas, nos planteamos la siguiente cuestión ¿Si la Administración autonómica no puede (o no quiere) resolver los asuntos dentro de sus competencias actuales, cómo se puede esperar que actúe correctamente o eficientemente con más competencias?

La salvaguarda de la costa para uso y disfrute público, incluido el de generaciones futuras, no puede estar sujeta a los intereses particulares de un partido político. No sabemos a cambio de qué el gobierno central ha decidido ceder las competencias de Costas a Canarias, pero un traspaso de competencias Estado-Comunidad Autónoma como este no sucede en todas las legislaturas.

Que la Administración autonómica canaria tenga total control para definir los usos del litoral, la planificación y autorización de proyectos como playas artificiales o puertos, sin ninguna instancia superior que supervise su viabilidad o impacto ambiental (como sucedía hasta ahora con Costas Madrid), pondrá en peligro el objeto elemental recogido en la Ley de Costas, la protección del litoral.

Solicitamos al ministro de Política Territorial y Función Pública Sr. Miquel Iceta I Llorens, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sra. Teresa Ribera Rodríguez, y a su homóloga en la Dirección General de Costas, Ana María Oñoro, la paralización de las negociaciones de traspaso de competencias en los términos en los que venían desarrollándose. En cualquier caso, exigiremos que quede absolutamente blindada la protección del litoral, estableciendo los mecanismos necesarios para intervenir y garantizar una supervisión ambiental rigurosa de ámbito supraautonómico.