LAS INSTITUCIONES Y EL DINERO PÚBLICO NO SON DE LOS TURISTAS NI DE LOS EMPRESARIOS
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Asociación TIRAHANAC
Los Ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, la Confederación Canaria de Empresarios y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas han dicho el pasado 26 de noviembre que quieren que el Estado expulse a los inmigrantes de los 16 hoteles y complejos turísticos del Sur de Gran Canaria “para poder reactivar la economía de las islas”. Que, por cierto, se basan en la ley 2/2013 que es la misma ley que se utilizó (y se sigue utilizando) para intentar expulsar a las personas y familias residentes en suelo potencialmente turístico en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y que lo paró la unión y la organización de dichas familias que interpusieron más de 16.000 alegaciones al PGOU.
Hasta el momento no hemos escuchado a estas instituciones públicas y a estas organizaciones empresariales exigir que este sector turístico, que ha venido trayendo a Canarias hasta 16 millones de turistas el año anterior a la pandemia, respete nuestro entorno, que no siga destrozando nuestro litoral y nuestra tierra, que no bajen nuestro nivel de agua, que no deterioren las condiciones de trabajo de nuestra gente, que no nos hagan más y más dependientes del exterior, que no sigan enriqueciendo a unos pocos a costa del esfuerzo de la mayoría, etc.