La Vinca Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción ha enviado una carta al Gobierno demandando que no se atienda a la solicitud de la industria automovilística de incentivar la renovación de la flota y de rebajar los objetivos climáticos del sector.

La organización ecologista apunta que los recursos públicos deben reforzar los servicios sociales y sanitarios y salvar a las personas, no subvencionar a la industria del automóvil.

Se debe fomentar una reconversión justa y urgente hacia actividades económicas que pongan la vida en el centro.

La patronal de la industria automotriz, ANFAC, ha anunciado que en marzo se produjo una bajada histórica en la matriculación de vehículos y, en plena crisis sanitaria, ha demandado al Gobierno un plan de recuperación para el sector.

El próximo 23 de abril se celebra el DÍA DEL LIBRO y como no vamos a poder llevar a cabo actividades en vivo en el Centro Socio-Cultural La Casa Verde de Firgas, les queremos invitar a que nos envíen:

Fridays for Future, 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima convocan a la ciudadanía a una manifestación por el clima el viernes 24 de abril a las 22:00 h. mediante la proyección de sombras y sonidos desde los balcones.

En un manifiesto conjunto, las organizaciones apuntan que la salida de la crisis sanitaria se debe realizar de forma justa y sostenible.

En el contexto de la emergencia sanitaria actual y la posterior salida económica, cientos de organizaciones sociales bajo el paraguas de Fridays for Future, 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima convocan a la ciudadanía a una acción global por el clima el próximo viernes 24 de abril a las 22:00 h. para reivindicar una vuelta que ponga en el centro el medio ambiente y a las personas y tenga en cuenta criterios de justicia social y climática. Para ello, las organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, invitan a una manifestación a través de proyecciones de sombras y sonidos en fachadas que se reflejará en las redes mediante fotos y vídeos de las mismas.

La Red Agua Pública 1, de la que forma parte Ecologistas en Acción, denuncia las condiciones de hacinamiento e insalubridad imperantes en los asentamientos informales de varios territorios como Huelva, Sevilla, Madrid, Almería o Murcia donde no se garantiza la vida digna, la higiene y la salud, conculcándose los derechos humanos al agua y al saneamiento.

La plataforma apoya la denuncia de la Mesa Social del Agua de Andalucía sobre las condiciones de vida en los asentamientos de trabajadores de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas, que pueden convertirse en sitios vulnerables para la propagación del coronavirus.

Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ahora más que nunca es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infravivienda.

Cientos de organizaciones de todo el mundo, entre ellas Ecologistas en Acción, han lanzado una campaña de oposición a los rescates con dinero público a la industria de la aviación. El pasado mes de marzo, la IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo) reclamó a los Gobiernos ayudas urgentes y sin condiciones por valor de 200.000 millones de euros para rescatar a decenas de aerolíneas.

Ecologistas en Acción se muestra contraria al rescate de aerolíneas mediante inyecciones de dinero público y considera que los recursos del contribuyente deben ser destinados a atender las necesidades de las y los y trabajadores, al tiempo que se invierte en la transición hacia un modelo de transporte más justo y sostenible. Cualquier apoyo financiero al sector aéreo debe estar condicionado a una reconversión de este modo de transporte que garantice su decrecimiento en volumen e impacto social y ambiental.

En el contexto de la pandemia global causada por el coronavirus es necesario entender el vínculo existente entre la pérdida de biodiversidad y el aumento de enfermedades infecciosas peligrosas para la especie humana.

Un ecosistema sano supone una barrera natural de control de plagas y patógenos y la destrucción de los mismos para la explotación de recursos naturales nos expone a peligros inciertos.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la sociedad y al Gobierno de España para tomar medidas que detengan la actual emergencia ecológica y se restablezca el equilibrio entre naturaleza y civilización.

El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se ha extendido por la práctica totalidad del planeta. La contagiosidad y letalidad de este virus, mayores que las de la gripe estacional, están requiriendo la paralización casi completa de la actividad económica y del funcionamiento habitual de la sociedad en muchos países, de los que España es uno de los máximos exponentes.

La Convención Marco de las Naciones Unidas y el Gobierno de Reino Unido anunciaron ayer que se pospone la celebración de la COP26 prevista en Glasgow en noviembre de 2020.

Según Ecologistas en Acción, si bien atender la emergencia sanitaria es una prioridad en estos momentos, no se debe olvidar que vivimos en una emergencia ecológica peligrosa y duradera.

La falta de acuerdos previos en las cumbres de Marrakech, Fiji-Bonn, Katowice y Chile-Madrid podrían haber facilitado que las Naciones Unidas acelerasen el proceso, evitando que la cumbre de Glasgow fuera pospuesta.

La 26ª Cumbre de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP26) prevista para noviembre de 2020 en Glasgow acaba de ser pospuesta por la propia Secretaría de la convención y por el Gobierno del Reino Unido. Un cambio de calendario que afecta también a las reuniones previas previstas y en especial a la Intersesional que se iba a celebrar en junio en la ciudad de Bonn y que parece ser se retrasará a octubre.

Noelia Sánchez Suárez - Secretaria General de BEN MAGEC-Ecologistas en acción de Canarias

PRIMERA PARTE. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PRIMEROS ESBOZOS

En los últimos meses venía siguiendo con curiosidad artículos que hablaban de algunos movimientos dentro del propio sistema capitalista que ponían en cuestión desde dentro, al menos tímidamente, el paradigma teórico neoliberal hegemónico en las tres últimas décadas. Este paradigma, recordemos, considera que la lógica del mercado debe regular todos los aspectos de la vida y que la intervención estatal -con el objetivo de ajustar la oferta y la demanda o corregir las graves desigualdades sociales derivadas de la lógica del beneficio privado- es nociva para el correcto funcionamiento del mismo y es, en último término, la causa de los problemas. El Estado debe únicamente garantizar el marco legal y de seguridad –o represión- que permita el libre funcionamiento de las reglas del mercado capitalista. En las facultades de economía se enseñan preceptos propios de la economía clásica liberal como si se tratase de la única “ciencia económica” posible, después de haberse abandonado el modelo Keynesiano y proclamarse el “fin de la historia”, por parte de autores como Fukuyama y señalarse la imposibilidad del socialismo como haría Hayek, tras la caída del bloque soviético. Recordemos también que el modelo keynesiano fue aquel que tras el crack del 29 y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial consiguió generar un período de prosperidad social a través de la intervención de los estados del bienestar en el mercado, prestando servicios y generando demanda, contribuyendo al surgimiento de una gran clase media sobre la base de una economía del consumo de masas. En la década de los setenta -con las políticas económicas avaladas por Friedman y lideradas por Reagan y Thatcher- y de manera más acuciante en los noventa comenzó una nueva era de capitalismo neoliberal en la que se vació al Estado de su papel regulador, destruyendo y mercantilizando además los pocos sectores que se mantenían fuera de las lógicas del beneficio, como los servicios sanitarios o de salud, el sector energético o las telecomunicaciones.

Más de cien organizaciones sociales y ambientales han demandado al Ministerio de Agricultura que tome medidas en consideración de los impactos de la crisis del COVID-19 en la producción agroalimentaria de pequeña escala y el ámbito agroecológico. También, de cara a mitigar el brutal impacto económico que está provocando esta crisis en las economías campesinas, se pide un esfuerzo de las diversas administraciones para que apuesten por las producciones locales en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; o medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.

La demanda se hace ante el cierre generalizado de muchos mercados alimentarios y las dificultades encontradas por diferentes circuitos cortos de comercialización, por la interpretación excesivamente restrictiva que muchos gobiernos locales y autonómicos están haciendo de las prohibiciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia del COVID-19.

Roque Calero Pérez - Doctor Ingeniero Industrial - Catedrático de Universidad

Desde hace mucho tiempo Canarias, su economía y su sociedad vienen padeciendo una serie de enfermedades que se manifiestan en unos síntomas claros: paro, pobreza, incertidumbres hacia el futuro especialmente entre los jóvenes, emigración de los más capaces, etc. Y todo ello a pasar de algunos signos de recuperación como ha sido en los últimos años un espectacular aumento de la burbuja turística y de la construcción que ha traído a Canarias más población foránea de la que hubiera sido necesaria si la tal burbuja se hubiera controlado.

Estos síntomas, con no demasiado acierto, se han ido amortiguando a base de paliativos como son los seguros de desempleo, las ayudas sociales de todo tipo, la resignación de la población, las ayudas familiares, etc.